La inversión en infraestructura de carga eléctrica en Argentina ofrece ventajas excepcionales. En primer lugar, el país cuenta con un marco regulatorio favorable que incluye reducciones de impuestos para proyectos de energía limpia y subsidios específicos para infraestructura de movilidad eléctrica. Además, el gobierno argentino ha establecido objetivos ambiciosos para reducir las emisiones de carbono en un 30% para 2030, lo que garantiza un apoyo político continuado a estas iniciativas.
Desde una perspectiva económica, los modelos financieros muestran que las estaciones de carga rápida en ubicaciones estratégicas pueden alcanzar el punto de equilibrio en 3-5 años, con tasas internas de retorno promedio del 15-20% en un período de 10 años. La integración de soluciones de almacenamiento de energía y generación renovable in situ puede mejorar aún más estos rendimientos mientras contribuye a la resiliencia de la red eléctrica nacional.